Crisis judicial en Israel: Protestas masivas en todo el país contra el proyecto de ley que restringe la supervisión de los tribunales

Decenas de detenidos al bloquear los manifestantes las principales carreteras del país

Artículo original en iglés del periódico digital Middle East Eye

Policías israelíes a caballo cargan contra manifestantes en Tel Aviv (AFP)

Las protestas masivas contra las reformas judiciales del gobierno israelí se extendieron por Israel el martes, con carreteras que conducen a Jerusalén, Haifa y Tel Aviv bloqueadas por manifestantes en un "día de interrupción", según lo anunciaron los organizadores. 
Los manifestantes se oponían a que el Parlamento israelí siguiera adelante con una parte clave del programa de reforma judicial del gobierno, que pretende limitar radicalmente la independencia y las competencias del poder judicial.

La policía israelí anunció la detención de al menos 66 manifestantes en todo el país, sospechosos de "alteración del orden público".

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido seguir adelante con la legislación, que según los críticos politizaría el poder judicial a pesar de la oposición generalizada. 

El último proyecto, que necesita otras dos lecturas para convertirse en ley, supondría la abolición del "criterio de razonabilidad", eliminando la capacidad del Tribunal Supremo de bloquear decisiones gubernamentales que considere irrazonables.

La policía utilizó cañones de agua para desalojar a los manifestantes que bloqueaban una de las principales autopistas de acceso a Jerusalén. 

En Haifa, los manifestantes bloquearon una importante autopista y desplegaron una gran pancarta en la que se leía "juntos venceremos".

Grace, que se trasladó de Gran Bretaña hace varios años para vivir en Israel, se había unido a las protestas contra la reforma judicial y habló con Middle East Eye sobre los motivos de su participación. "Israel se está deteriorando hacia la dictadura total y la corrupción, y estamos intentando detenerlo. Cualquier ley que no le guste a este gobierno, la anula, de modo que todo el poder pasa a manos del gobierno y se aleja del público", afirmó. 

"El mensaje que tenemos para el gobierno es [que] aquí nadie aceptará vivir en una dictadura. Estamos viendo un gobierno extremista que quiere crear un país extremista, y no queremos que eso ocurra. Vamos a demostrarles que el poder del pueblo es más fuerte que el de los gobernantes", añadió. 

En el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, principal puerta de entrada del país al mundo, miles de manifestantes pacíficos se congregaron a pesar de las advertencias de la policía de que no se les permitiría congregarse en la terminal principal. 

Indignados manifestantes israelíes bloquean aeropuerto Ben Gurión

El líder de la oposición y ex ministro de Defensa, Benny Gantz, habló en Tel Aviv en apoyo de las protestas en curso.

El ministro israelí de asuntos militares, Benny Gantz, admite la profunda crisis política y social que vive el régimen y dice que se avecina una guerra civil.

"Están preocupados por el país y, en vista de esta preocupación, están aquí liderando esta lucha", dijo Gantz refiriéndose a los manifestantes. "Les pido que continúen en esta dirección... en última instancia, las protestas bloquearán este golpe judicial".

Alrededor de 300 reservistas del ejército israelí que trabajan como especialistas cibernéticos anunciaron que dejarán de presentarse al servicio tras la votación del lunes en el Parlamento. 

"No vamos a seguir desarrollando capacidades cibernéticas para un régimen criminal, y no vamos a entrenar a la futura generación de cibernéticos ofensivos [de Israel]", dijeron en un comunicado.

"Eliminar el estándar de razonabilidad creará una cultura de nombramientos corruptos que llevará a la destrucción de las instituciones del Estado, incluidas sus agencias de seguridad", añadieron, subrayando que "Nuestro trabajo no puede continuar bajo una nube legal y moral tan severa".

Las protestas han barrido Israel durante los últimos seis meses, en los que cientos de miles de manifestantes han arremetido contra los planes de Netanyahu, denunciándolos como un golpe de Estado.

La crisis política ha enfrentado al gobierno de extrema derecha de Netanyahu con la sociedad civil, la élite académica y empresarial del país, así como con antiguos ministros del gobierno y figuras militares.

El Comité Judío Estadounidense, un poderoso grupo de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos, expresó su preocupación tras la aprobación de la última ley y dijo que apoyaba los esfuerzos por alcanzar un compromiso e incluir las voces de la oposición.

El sábado se celebró una protesta en Tel Aviv, una de las manifestaciones semanales, que congregó a unas 150.000 personas.

Sin marcha atrás

El gobierno sostiene que la reforma judicial, que daría a los políticos más poder sobre los tribunales, es necesaria para garantizar un mejor equilibrio de poder.

En marzo, Netanyahu anunció una "pausa" para permitir las conversaciones sobre las reformas, que avanzaban en el Parlamento y dividían a la nación.

Tras las infructuosas conversaciones con la oposición después de semanas de protestas masivas a principios de este año, el gobierno ha vuelto a la ofensiva esta semana.

Netanyahu está siendo juzgado por corrupción, y las reformas judiciales podrían permitirle eludir la condena o ver su caso desestimado. Desde que fue acusado en 2019, Netanyahu ha arremetido públicamente contra el sistema judicial, calificándolo de parcial en su contra.

Israel no tiene Constitución y hay poca separación entre los poderes ejecutivo y legislativo, ya que los gobiernos casi siempre tienen mayoría en el Parlamento, la Knesset.

Esto ha significado históricamente que el Tribunal Supremo sea el control más eficaz del poder gubernamental.

En enero, docenas de destacados juristas estadounidenses de varias de las principales facultades de Derecho firmaron una declaración pública en la que expresaban su profunda preocupación por los cambios propuestos en el sistema judicial de Israel.

En la declaración, más de 70 profesores de Derecho estadounidenses afirmaron que las reformas propuestas "debilitarán gravemente la independencia del poder judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho en Israel".